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El Órgano de Control Institucional – OCI del Gobierno Regional San Martín, a solicitud de la Contraloría General de la República, viene haciendo llegar a los funcionarios públicos y trabajadores del GORESAM y sus diferentes sectores de la región San Martín, las recomendaciones pertinentes a no hacer uso de bienes y recursos del estado para fines proselitistas. En ese sentido, la Contraloría General de la República recuerda que, el Manual de Prohibiciones y Sanciones al Uso de Bienes y Recursos Públicos para Fines Electorales precisa, que no debe utilizarse locales y oficinas de entidades públicas, colegios y/o escuelas estatales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, incluyendo cuarteles, locales de las Municipalidades, Sociedades Públicas de Beneficencia y entidades oficiales, para la realización de conferencias, asambleas, reuniones o actos políticos de propaganda electoral. Respecto a la conducta funcional, indica que los funcionarios públicos no deben difundir mensajes expresos o subliminales destinados a promover, auspiciar o favorecer determinada candidatura u organización política. El Reglamento de Propaganda Electoral establece una serie de sanciones que van desde el retiro de la propaganda electoral, una amonestación pública, hasta la suspensión del ejercicio de las funciones del funcionario público, sin perjuicio, a otras sanciones penales y administrativas. Por su parte, el Código Penal establece en sus artículos 387, 388, 398 y 394, que el mal uso de los bienes y recursos del Estado en una campaña electoral puede llegar a constituir delitos de peculado, peculado de uso, malversación y cohecho impropio, y puede ser sancionado hasta con ocho años de cárcel dependiendo la gravedad del ilícito cometido. Por su parte el Gobierno Regional San Martín, considerando estos dispositivos que emanan del Jurado Nacional de Elecciones, ha aprobado y emitido el pasado mes de abril dos directivas para dar fiel cumplimiento a estos dispositivos: 1) sobre publicidad estatal 2) recomendaciones a los funcionarios públicos. Los mismos que significan una autoregulación en aras de la transparencia y aporte a la gobernabilidad del país, estos instrumentos fueron aprobados por el presidente regional hace tres meses y hoy se cumplen en todos los sectores y niveles del Goresam.
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